A pesar del avance de la sociedad, el año pasado 883 personas fueron asesinadas por la condena a pena de muerte, un arcaico castigo utilizado para rendir justicia, que sorprendentemente en la actualidad sigue en vigor en numerosos países del mundo. Específicamente, esta sentencia consiste en la ejecución de una persona que, de acuerdo a un juez o un tribunal, es considerada culpable por haber cometido un delito grave. Sin embargo, ¿en serio tenemos el derecho de privar a alguien de su vida incluso aunque haya cometido los crímenes más atroces? y ¿de veras podemos llamar justicia a un sistema que promueve la venganza y la violencia más extrema?

Por muy atroz que sea el delito, la muerte no es una forma de justicia. Es más, la pena capital es una condena que contradice los valores fundamentales de derecho a la vida y a la dignidad humana. Es considerada la forma más cruel, atroz y degradante de sentenciar a alguien, no solo por la violación hacia su persona, sino por todo el sufrimiento que genera a esta misma y a sus allegados desde el momento del veredicto.

Aparte, la pena de muerte es un acto incoherente e irreversible, puesto que siempre cabe la posibilidad de que haya errores judiciales. Como seres humanos, todos cometemos fallos, y el sistema legal no es una excepción. La pena capital es un castigo injusto, que ha provocado que haya numerosos casos de personas condenadas a muerte erróneamente. Este hecho pone en evidencia la fiabilidad del sistema, por no hablar de la horrible tragedia de arrebatarle la vida a alguien inocente.

Por otro lado, la pena de muerte como sentencia no ha demostrado ser un método efectivo de disuasión contra el crimen. Numerosos estudios han confirmado que las tasas de criminalidad no disminuyen significativamente en los países donde se practica la pena capital. En cambio, la inversión en programas de prevención del delito, rehabilitación y reinserción social ofrecen alternativas más efectivas y humanas para disminuir las tasas de criminalidad.

La aplicación de la pena de muerte también es un recurso muy discriminatorio. Las personas de color, las minorías étnicas y las de bajos recursos tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte que aquellos con privilegios económicos y sociales. Esto refleja una profunda desigualdad en el sistema legal y hace que la confianza en la imparcialidad de la justicia disminuya.

Por todo ello, todos merecemos una segunda oportunidad y la posibilidad de seguir adelante, independientemente de nuestros errores pasados. La muerte como castigo definitivo niega esta opción y nos priva por completo de la oportunidad de aprender de nuestros errores y contribuir positivamente a la sociedad. Porque una cosa es rendir justicia y otra muy diferente es atentar contra los derechos humanos.

Laura Muñoz Guzmán – 3º ESO