Peseta Street Journal

Categoría: Sociedad

Inmigración ilegal, hablamos de personas

Con el nombre de inmigración ilegal entendemos a todo aquel que accede a un país sin la autorización legal requerida o aquel que habiendo entrado legalmente, carece de la autorización pertinente para permanecer en él. En nuestro país la inmigración ilegal  que entra por vía marítima en pateras o embarcaciones a las Islas Canarias ha aumentado un 96% en lo que lleva de año, en cambio el porcentaje de los que entran por vía terrestre a traves de Ceuta y Melilla ha disminuido en gran cantidad en cuanto a años pasados.  Detrás de las cifras, lo único que hay son personas que buscan salir de sus países de origen para  alejarse de la pobreza, la violencia y los conflictos y obtener un buen trabajo que les proporcione una mejor vida. Pero, ¿qué les ofrecemos cuando llegan aquí? Les ofrecemos prejuicios, discriminación y racismo. Muchos los consideran delincuentes, los ven como individuos que quieren quitarles sus trabajos. Les ofrecemos pocas soluciones políticas de nuestros gobernantes, cuya respuesta para estas personas sin documentación es una devolución a sus países o una libertad sin ningún tipo de apoyo, incluso llegan a mercadear con el número de inmigrantes que hay que repartir por los diferentes territorios, considerándolos simples números. Como ocurrió en Tenerife, donde trasladaron a un menor inmigrante, que ya estaba integrado, a Gran Canaria, para hacer sitio a otros menores que acaban de llegar a El Hierro, sin ni siquiera darle la oportunidad de despedirse de su clase. Y la realidad es que somos un país envejecido, donde la natalidad disminuye año a año y que necesita mano de obra en muchos sectores, como la hostelería y la agricultura, y la inmigración nos puede aportar tanto a nivel de capital humano, aumentando la población en edad de trabajar, como a nivel de tolerancia, aprendiendo a respetar las diferentes culturas. Los inmigrantes ilegales son personas que, al igual que nosotros, lo único que buscan es tener una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Lo ideal sería ayudar en sus países de origen para que no tengan que abandonarlo, pero es una solución muy a largo plazo y complicada. Lo que sí podemos hacer de forma inmediata y lo que tendríamos que hacer como sociedad avanzada es proporcionarles formación y apoyo para que puedan integrarse en nuestro país, empezar a trabajar, poder alquilar o comprar una casa, pagar sus impuestos…, en definitiva ser como cualquiera de nosotros, con nuestros derechos y obligaciones. María Chico – 1º Bachillerato

El balance entre la justicia y la compasión

A pesar del avance de la sociedad, el año pasado 883 personas fueron asesinadas por la condena a pena de muerte, un arcaico castigo utilizado para rendir justicia, que sorprendentemente en la actualidad sigue en vigor en numerosos países del mundo. Específicamente, esta sentencia consiste en la ejecución de una persona que, de acuerdo a un juez o un tribunal, es considerada culpable por haber cometido un delito grave. Sin embargo, ¿en serio tenemos el derecho de privar a alguien de su vida incluso aunque haya cometido los crímenes más atroces? y ¿de veras podemos llamar justicia a un sistema que promueve la venganza y la violencia más extrema? Por muy atroz que sea el delito, la muerte no es una forma de justicia. Es más, la pena capital es una condena que contradice los valores fundamentales de derecho a la vida y a la dignidad humana. Es considerada la forma más cruel, atroz y degradante de sentenciar a alguien, no solo por la violación hacia su persona, sino por todo el sufrimiento que genera a esta misma y a sus allegados desde el momento del veredicto. Aparte, la pena de muerte es un acto incoherente e irreversible, puesto que siempre cabe la posibilidad de que haya errores judiciales. Como seres humanos, todos cometemos fallos, y el sistema legal no es una excepción. La pena capital es un castigo injusto, que ha provocado que haya numerosos casos de personas condenadas a muerte erróneamente. Este hecho pone en evidencia la fiabilidad del sistema, por no hablar de la horrible tragedia de arrebatarle la vida a alguien inocente. Por otro lado, la pena de muerte como sentencia no ha demostrado ser un método efectivo de disuasión contra el crimen. Numerosos estudios han confirmado que las tasas de criminalidad no disminuyen significativamente en los países donde se practica la pena capital. En cambio, la inversión en programas de prevención del delito, rehabilitación y reinserción social ofrecen alternativas más efectivas y humanas para disminuir las tasas de criminalidad. La aplicación de la pena de muerte también es un recurso muy discriminatorio. Las personas de color, las minorías étnicas y las de bajos recursos tienen más probabilidades de ser condenadas a muerte que aquellos con privilegios económicos y sociales. Esto refleja una profunda desigualdad en el sistema legal y hace que la confianza en la imparcialidad de la justicia disminuya. Por todo ello, todos merecemos una segunda oportunidad y la posibilidad de seguir adelante, independientemente de nuestros errores pasados. La muerte como castigo definitivo niega esta opción y nos priva por completo de la oportunidad de aprender de nuestros errores y contribuir positivamente a la sociedad. Porque una cosa es rendir justicia y otra muy diferente es atentar contra los derechos humanos. Laura Muñoz Guzmán – 3º ESO